La agencia informativa RTU publicaba una noticia ayer día 15 de junio, en la que hacia propaganda del show montado por los carmelitas rebeldes de Sucumbíos en Quito. A pesar de que el presidente Correa ya se ha pronunciado pidiendo al amigo Obispo Fray Gonzalo, OCD, que abandone el Parque donde ha instalado su campamento, las autoridades del país siguen ofreciéndose para visitar al eclesiástico rebelde y dar pretexto a nuevas noticias y mayor propaganda.
Le toco el turno al Fiscal General, señor Washington Pesantez.
En comunicado emitido por el Equipo Comunicación Ayuno, ponen en la boca del Fiscal la siguiente declaración: "confirmó que el intento de toma por parte de la administración heralda de Radio Sucumbíos, el pasado 16 de mayo, fue un acto ilegal. Pretender desalojar trabajadores -dijo- "no es cristiano ni legal". Según Pesantez no se puede manejar la situación con criterios de la "época feudal" (sic).
Serían tan graves estas afirmaciones en la boca del Fiscal General de la Nación que pedimos se confirmen o se desmientan. Acostumbrados como estamos a las mentiras del grupo "isamis carmelita", nuestra primera reacción fue la de "ya están mintiendo otra vez". Pero como el medio informativo tiene su peso, vamos a pedir que confirmen las expresiones o se rectifiquen a respecto de las mismas.
Si son verdad, este señor Fiscal debería buscar otro empleo, caso la Justicia del señor presidente no le ponga una multa millonaria y lo coloque entre barras por algún buen tiempo.
Dice RTU: "confirmó que el intento de toma por parte de la administración heralda de Radio Sucumbíos, el pasado 16 de mayo, fue un acto ilegal". Primero: no hubo intento de "toma". Fue la Justicia de Sucumbíos la que emitió un mandato de reposición de pose a favor de sus propietarios, el Vicariato. O el señor Fiscal esta muy mal informado, (si confia en sus amigos de isamis, con certeza lo está...) y hace declaraciones de esta gravedad sin saber de que habla, o sus juicios son de una tal ilegalidad y crítica a las autoridades judiciales de una Provincia, que en ambas situaciones este señor no demuestra estar a la altura del cargo que ocupa.
Continuan las palabras del señor Fiscal (colocadas esta vez entre comillas): "Pretender desalojar trabajadores -dijo- "no es ni cristiano ni legal"." Interesante mezcla de religiosidad y justicia laica. Segundo: no se trataba de "desalojar trabajadores" (sigue muy mal informado este señor Fiscal). Se trataba, según la prensa publicó, de entregar a los trabajadores una carta de despido, siguiendo lo mandado por las leyes ecuatorianas; carta firmada por el Delegado Pontificio, Mons. Polibio Sánchez, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y se acompañaba la carta con un sobre conteniendo la cantidad de dinero que las leyes indican, para que los trabajadores no se sintiesen perjudicados.
No vemos que pueda tener de "no cristiano" un asunto puramente laboral, donde las propias leyes nacionales establecen los cauces que se deben exigir para no perjudicar ni a los trabajadores y ni a la empresa que los contrataba. A no ser que las leyes actuales, bastante socializadas, sean en si mismas no cristianas. Que nos explique este contrasentido el señor Fiscal, por favor.
Y terminan los isamitas colocando en la boca del señor Fiscal General una afirmación que no deja de asustar por lo inapropiada de la misma: "Según Pesantez no se puede manejar la situación con criterios de la "época feudal"."
Para que el Fiscal General considere que las leyes actuales en materia laboral en Ecuador son de la "época feudal", o no sabe suficiente Historia para hablar tan ligeramente, y es una vergüenza para el país contar con una tan alta autoridad que se permite pontificar sobre materias que no conoce (y quizás debería conocer más), o esta haciendo otros juicios de valor, queriendo influenciar los resultados que los Jueces de Sucumbíos están analizando con independencia de las presiones políticas, que insinúa la noticia se realizan por los miembros del gobierno, amigos de los isamitas.
La segunda parte de la noticia puede resultar más chocante, pues la Justicia de Nueva Loja tiene abiertos procesos contra elementos agitadores, y hasta terroristas, que fueron encontrados durante el desalojo de la Catedral de Nueva Loja por agentes de la Policia. Y eran miembros de isamis. Por citar solo un caso: un "seminarista" colombiano tenía armas y granadas, asi como cocteles molotov, en su mochila. Presiones políticas mandaron ponerle en libertad. Todo ello, por el bien de la "reconciliación". "Reconciliación" que es el motivo de la huelga que realiza Fray Gonzalo OCD en Quito.
Conseguida, digamoslo claro, ilegalmente, esa libertad; los "isamitas" en "pro de una mayor reconciliación", piden al señor Fiscal General de la Nación, que investigue y condene a supuestos elementos "delincuentes contratados" por el Movimiento de Renovación Carismática en sus Marchas por la Paz y el regreso de los Heraldos. Y ponen en la boca del Fiscal General la afirmación de que "la Fiscalía esta en etapa de indagación sobre las hipótesis de los delincuentes" y dijo "lamentamos que esta hipótesis podría haberse estado dando".
Ni en Cuba los hermanos Castro consiguieron una belleza como esta que pretenden instalar en Sucumbíos los agentes del "isamis carmelita", siguiendo las normas emanadas por la moral de su "iglesia diferente" que estaban implantando en el Vicariato y en la Provincia. El terrorista libre y la pacífica ciudadanía a la cárcel. Motivo: no piensan como lo manda "isamis".
Son graves las afirmaciones colocadas en la boca del Señor Fiscal General de la Nación; y es gravísimo el futuro que nos espera si son estos los criterios que nortean la reforma de la justicia que el señor presidente esta llevando a cabo después de considerarse el gran triunfador en la Consulta de mayo.
Quizás la visita que le hizo, poco después, a Fray Gonzalo, OCD, el Delegado Pontificio, Mons. Polibio Sánchez, haya sido para decirle que su actitud "no es ni cristiana ni legal". ¡O tal vez no haya sido esto!
POST SCRIPTUM - Acabábamos de colocar este comentario en el blog, y nos escriben enviando una noticia publicada en EL TELEGRAFO del 15 de noviembre de 2010. Este diario guayaquileño tuvo que ser vendido por sus propietarios, y lo compró el gobierno Correa, para tener un medio mas de propaganda a su servicio. Con dinero de los contribuyentes. Son interesantes las declaraciones del señor José Orús, Asesor de El Telegrafo C.A.
Responde este Asesor gubernamental a una pregunta que el propio diario le hace: "Se escandalizan porque la compañía El Telegrafo C.A. ha removido, pagando lo que es correcto, a 31 personas" (NOTA NUESTRA: A TREINTA Y UN PERSONAS, TREINTA Y UN TRABAJADORES).
El Asesor del gobierno sigue explicando el motivo del despido: "Los despidos han sido por dos razones: porque no se ajustaban profesionalmente a las exigencias de los diarios o porque intentaron cometer algún acto que no estaba apegado a la ley. En todos los casos El Telegrafo les ha pagado todos sus haberes y beneficios que les corresponden por ley".
¿Conocerá esta noticia el señor Fiscal General de la Nación? ¿Habrá sido este el motivo que le llevó a considerar a las leyes ecuatorianas de la época feudal? Convendría que tomase providencias para que el gobierno no cometa actos ilegales, según la acusación por él lanzada contra la Administración del Vicariato de Sucumbíos.
Y que se preparen los "agentes isamitas", trabajadores de la Radio Sucumbíos invadida, pues con el gobierno de administrador: ¡obedecen, o a la calle!
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